Jurisprudencia Martilleros Acuerdos Camaras Penales 2 da. Circunscripción Sta.Fe

                                           

ACUERDO Nº 117 T 11 F 388/393 DEL 30/03/2011 SALA II PENAL

LA EXCMA CAMARA PENAL REVOCA SENTENCIA DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA COLEGIO MARTILLEROS LEY 7547 DE ROSARIO QUE HABIA SANCIONADO A PROFESIONAL. 
Transcripción textual de algunos párrafos importantes:
Por una cuestión de sentido común y lógica jurídica, un reglamento de un tribunal de Ética de un Colegio Profesional, debe recurrir al Código Procesal Penal, como norma supletoria para regir ese proceso; de allí, que la remisión al Código Procesal Civil y Comercial que hace el reglamento citado, sea contraria a la noción constitucional del debido proceso............En este inteligencia, no debió haberse denegado la producción de las pruebas testimoniales, por no haberse acompañado los pliegos de preguntas en el momento de haberse ofrecido las mismas.....Esto debe analizarse a la luz del cambio de paradigma que se ha producido en nuestra provincia,con el dictado del nuevo Código Procesal Penal, que ha incorporado el juicio oral como etapa culminante del proceso.......Este cambio de paradigma a que aludiéramos, deberá necesariamente reflejarse en los Estatutos de los distintos colegios Profesionales y/o en los reglamentos de sus Tribunales de disciplina, para que puedan cumplir con su excelsa misión........No obstante profundizando en la legislación aplicable, el Tribunal de Disciplina , ha hecho una interpretación errónea al aplicar el reglamento y no la ley 7547.......En los estatutos ,capítulo 4º, sección 3 titulado “ Reglamento para el Tribunal de Disciplina”, el art 31, contrariamente a lo que dispone el art. 33 de la Ley 7547, remite erróneamente al Código Civil y Comercial de la Provincia; cuando lo que debió haber hecho es remitir al Código Procesal Penal por todos los motivos antes expuestos.......No puede un reglamento de un estatuto ir contra la ley, y menos aún contra disposiciones constitucionales expresas en materia de debido proceso....
Ademas la imputación formulada a fs. 5 es demasiado genérica y no permite ejerce el debido derecho de defensa......Además menciona: Lo dispuesto en ella Art. 67 inc c de la Ley 7547 , que las listas del juzgado en cuestión sólo podrán ser integradas con rematadores que tengan su domicilio real dentro de las respectivas competencias territoriales.......No podemos soslayar tampoco que la pena impuesta, conforme al art. 35 inc ch , es el máximo previsto en la especie, y que la misma no ha sido debidamente fundada por el Tribunal disciplinario, ya que las penas deben mensurarse en cada hecho que se juzga, ya que nuestro sistema consagra el llamado derecho penal de acto y no de autor...........Pero ello no quiere decir que lo resuelto por el organisno a quo permanezca intangible cuando se vulneran las reglas exigidas por un proceso justo o se advierta la imposición de una sanción desproporcionada o carente de fundamento.......En ese sentido no puede decirse que las normas aplicables a los procesos disciplinarios y consecuente sustanciación sean ajenas al derecho penal, al derecho procesal penal y a la Constitución Nacional.......Por lo demás las garantías fundamentales penales y constitucionales, rigen no solo para las causas penales y actuaciones judiciales, sino en el ámbito administrativo donde no puede dejarse de lado el principio de legalidad o del debido proceso.
Y SIGUE ENUNCIANDO EL FALLO
En el trabajo titulado:” El Derecho Penal Disciplinario y las Garantías Constitucionales “, publicado por Zeus, Tomo 96, D 185; hemos manifestado y fundado, nuestra opinión en cuanto a que los procesos de los Tribunales de Ética de los Colegios Profesionales, enmarcados en lo que se ha dado en llamar Derecho penal disciplinario deber ser respetuosos de todas las garantías constitucioanles; no solo en las cuestiones referidas al derecho de fondo, sino especialmente en cuanto al desarrollo del proceso en sí; es decir, lo que podríamos denominar Derecho procesal penal disciplinario......................
En igual sentido la Suprema Corte de Justicia de Santa fe, sostiene “ Las sanciones impuestas por los Colegios profesionales, al constituir el ejercicio de un inocultable y auténtico ius puniendi que incide desfavorablemente en la esfera de derechos del sujeto, no pueden desentenderse en su aplicación de las exigencias mínimas e imprescindibles emanadas del estatuto fundamental.Toda labor interpretativa debe orientarse conforme a ese estatuto fundamental (integrado también por los tratados internacionales sobre derechos de las personas humanas) que, asentado sobre el principio de la eminente dignidad de la persona humana ( art. 7 de la Constitución Provincial ) consttituye el núcleo esencial del ordenamiento jurídico denominando la totalidad del obrar público y privado en el sentido de otorgar a los derechos fundamentales la mayor amplitud posible en su contenido” Corte Suprema de Justicia -20.10.99-RPA- 
Por estas y otras consideraciones procedieron a revocar la sanción impuesta al profesional.
(De los votos de los Dres. Adolfo Prunotto Laborde y Dr. Ramón T. Ríos, adhiriendo el Dr. Juvencio L. Mestres)

DOBLE NOTIFICACIÓN SUMARIOS ADMINISTRATIVOS COLEGIO DE MARTILLEROS LEY 7547 DE ROSARIO:
De fundamental aplicación práctica para todo sumario administrativo resulta ser la resolución nº 6 Tomo XVI Folio 494 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal – Sala 4- de la ciudad de Rosario, que en fecha 9 de Febrero de 2011 entendió ante el planteamiento de un Colegiado por un recurso de queja dada la apelación denegada del Colegio de Martilleros Ley 7547 de Rosrio, que: “El Art. 16 del Reglamento del Tribunal de Disciplina establece un doble orden de recaudos para efectivizar las notificaciones. Por un lado que las mismas sean diligenciadas conforme a lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (art. 63 del CPCC de la Provincia de Santa Fe). Pero además la disposición que nos ocupa establece que el envío se realizará por pieza postal con aviso de recepción” Hace mención además de una cita del Dr. Alvarado Velloso (Estudio Jurisprudencial TI, pág 302), con cita de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario que “...dentro de nuestro ordenamiento legal la notificación constituye un acto esencialmente formal que debe ser realizado conforme a expresas prescripciones de la ley establecidas para asegurar la efectiva noticia de lo que debe comunicarse a la parte interesada...”,por ello ese Alto Tribunal resolvió admitir la queja declarando mal denegado el recurso de apelación y conjunta nulidad que fuera interpuesto oportunamente, concediéndolo de modo libre y con efecto suspensivo.

ACUERDO Nº 124 T XVII F 270 DEL 27/04/2011 SALA IV PENAL

LA EXCMA CÁMARA PENAL DECLARADA NULIDAD DE LA SENTENCIA DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA COLEGIO MARTILLEROS LEY 7547 DE ROSARIO, A PARTIR DE LOS DEFECTOS FORMALES VERIFICADOS DESDE FS. 16 INCLUSIVE, QUE HABIA SANCIONADO A PROFESIONAL. 
Transcripción textual de algunos párrafos importantes:
.....Pero la grave afectación al derecho de defensa garantizado en el art. 18 C.N se manifiesta en el caso en otros actos del tribunal consecuentes a las notificaciones defectuosas apuntadas......Así cuando a fs. 16 de la causa nº../...se le rechaza al apelante el pedido de fijar nueva fecha audiencia para descargo, se le fijan cinco días para ofrecer prueba y se establece fecha para audiencia de vista de causa, esa defectuosa notificación de fs. 17 -de recepción negada y entrega no probada por el medio taxativamente establecido en el art. 16 del reglamento- le ha impedido al apelante uno de los actos más trascendentes de la defensa en un  proceso cual es el de ofrecer y aportar prueba; y además se incumplió con el procedimiento previsto en el art. 20 del reglamento que tiende justamente a evitar ese estado de indefensión.La aludida norma dice que sin perjuicio de la continuidad del trámite y de la inversión del " onus probandi", cuando el denunciado no concurriere a la audiencia -tal como ocurrió afs. 15- será declarado rebelde y se le deberá designar un prepresentante conforme lo establece el art. 33 de la Ley 7547 y lo reglamentan los arts. 28,29 y 39 del reglamento, y ello no se hizo continuando el proceso en total ausencia de representación del denunciado.Finalmente, planteado a fs. 24 recurso de reposición por parte del apelante conforme lo prevé el art. 24 del reglamento, contra la providencia de fs. 22 que dispone la clausura del procedimiento, tal presentación fue ignorada, no considerada y resuelta, y directamente se dictó sentencia.
En resumen, se notificó malno se permitió probarno se designó representantedefensor de oficio, y no se consideró ni resolvió un recurso de reposición interpuesto, y de tal manera se cercenó el derecho de defensa de un modo tan evidente que de ninguna manera puede ser convalidado por el tribunal,al que no le queda otro temperamento que declarar la nulidad de la sentencia dictada a partir de lso defectos formales verificados desde fs. 16 inclusive  y en adelante.......
(Del voto del los DR.RUBEN D. JUKIC  , adhiriendo los DRES.DANIEL ACOSTA y ALFREDO I. ARTACHO. )



Responsabilidad Civil de los Miembros de los Tribunales de Disciplina

La naturaleza jurídica de la función que ejercen los miembros de los Tribunales de ética, es de carácter jurisdiccional por delegación .Dicha función es de la esencia misma del estado, lo cual importa que la responsabilidad civil de los miembros de los Tribunales de Ética, deba ser regulada por el art. 1112 del Código Civil.En consecuencia, nacerá la responsabilidad civil de los miembros del Tribunal y del estado, siempre que estemos frente a una conducta antijurídica e imputable conforme un factor subjetivo de la atribución. Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica señalada, los parámetros que deberán ser utilizados para determinar la responsabilidad de acuerdo al factor de atribución, son los mismos que la jurisprudencia imperante ha establecido para determinar la responsabilidad de los jueces por error judicial. En virtud de lo expuesto, solamente responderán-tanto los miembros del tribunal como el estado- por las consecuencia dañosa que se generen cuando aquellos hayan actuado con dolo o error inexcusable...................................................................................................................
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