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FALLO DE LA PROV. DE CÓRDOBA REAFIRMA EL DERECHO DE LOS MARTILLEROS CORREDORES PÚBLICOS A EJERCER EL CORRETAJE INMOBILIARIO

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de la 2da Nominación de la Provincia de Córdoba en un reciente y destacado fallo de fecha 27.02.2020, en la causa "COLEGIO PROFESIONAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUPERIOR DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – AMPARO (LEY 4915)" (SAC 8938282)  ratificó un fallo de primera instancia a favor de nuestros colegas cordobeses, poniendo de esta manera un importante freno al abusivo e inconstitucional avance sobre las incumbencias de nuestra profesión.
  1. El fallo ordenó que se equipare y autorice a los profesionales con título de "Martillero y Corredor Público" matriculados en el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba (Ley 7191), para que puedan ejercer su profesión de corredor público mediante la intermediación en las mismas condiciones que los matriculados en el Colegio de Corredores Inmobiliarios (Ley 9445)
  2. En tal sentido, entendió que la incumbencia de un Título Profesional expedido por una Universidad Nacional -pública o privada- con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Nación, en el caso con el Título de "Martillero y Corredor Público" no se limita al  corretaje a bienes "no inmobiliarios".
  3. El matriculado en el Colegio Profesional de Martilleros de Córdoba creado por la Ley 7191, puede ejercer las incumbencias de su profesión con los alcances de su título habilitante, expedido por Universidad Pública o Privada en el ejercicio regular de las atribuciones del art. 29 (en particular inciso "f"),  41 y 42 de la Ley 24.521 de Educación Superior y lo dispuesto por el Decreto PEN N° 2293/1992.
  4. Que la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación expresamente al otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de "Martillero y Corredor Público" que expide la Universidad Nacional de Córdoba, considera expresamente como actividad para las que tiene competencia los poseedores de este título, la de "Actuar como agente inmobiliario, en la intermediación de la compraventa, permuta y alquileres de bienes raíces, urbanos o rurales", entre otras.
  5. Se ratifica la validez del Decreto PEN N° 2293/1992 que en su artículo 1° establece que todo profesional universitario o no universitario que posea un título con validez nacional, puede ejercer su actividad y oficio en todo el territorio de la República Argentina, con una única inscripción en el Colegio, asociación o registro que corresponda al de su domicilio real.
  6. Que tal como ha declarado la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en Fallos 156:290, 203:100, 207:158,  entre otros, las Provincias no pueden imponer a los títulos o diplomas nacionales requisitos adicionales de carácter sustantivo, que por implicancia elemental corresponden ser previstos por las instituciones nacionales que los expiden, porque en caso contrario, ellos tendrían sólo el valor de un certificado literario.
  7. Los títulos profesionales con reconocimiento oficial certifican la formación académica recibida y habilitan para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, el ejercicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias y que delega en los Colegios Profesionales, no puede ser ejercido en contra de la validez y alcance de un título con reconocimiento oficial.
  8. La historia institucional y el desarrollo de la organización de los respectivos Colegios Profesionales, es demostrativo que la validez de un título profesional y los alcances de sus incumbencias están regidos por el derecho, y que el ejercicio liberal de cada profesión, dentro del alcance de las incumbencias que cada uno de los títulos profesionales le confiere, está directamente amparado por la Constitución Nacional (arts. 14, 19 y cc. C.N.).

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