PROYECTO ELEVACION GRADO UNIVERSITARIO LEY 20266

                                 



                                     



“2015 ‐ Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 



Senado de la Nación Secretaria Parlamentaria Dirección General de Publicaciones (S-1261/15) 
PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados,… ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley 20.266 (texto ordenado según Ley N° 25.028), por el siguiente: Artículo 1°.- Para ser Martillero Público se requieren las siguientes condiciones habilitantes: a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2°. b) Poseer título universitario de grado, de martillero público, expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten.”. 
ARTÍCULO 2°.- Los Martilleros Públicos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren matriculados como tales o, al menos, cuenten con los correspondientes títulos académicos habilitantes según las disposiciones de la Ley 25.028, podrán seguir ejerciendo su profesión, siempre y cuando satisfagan los requisitos legales establecidos en el artículo 3 de la Ley 20.266 (texto ordenado por la Ley 25.028). 
ARTÍCULO 3°.- La presente Ley entrará en vigencia al año de su publicación en el Boletín Oficial. 
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – 
FUNDAMENTOS Señor Presidente: 
De acuerdo con el Artículo 75, Inciso 19, de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación no sólo tiene la potestad sino también el deber de sancionar leyes de organización del sistema educativo y que sirvan de base para el desarrollo de su actividad, en todos sus niveles de enseñanza. Tal como ya se ha insinuado, esta atribución - obligación del Congreso de la Nación abarca también a la enseñanza primaria; la cual, según el Artículo 5 de la C.N., integra la esfera competencias de las Provincias. 
 “2015 ‐ Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” Con cuánta más razón, entonces, aquélla es aplicable a los ámbitos secundario, técnico y profesional. Sin ningún lugar a dudas, en relación a estos últimos niveles educativos la aludida potestad - deber del Congreso de la Nación adquiere mayor amplitud e intensidad. En virtud del Artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Artículo 13.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ambos con jerarquía constitucional por el Artículo 75, Inciso 22, de la C.N.), pesa sobre el Estado Federal el deber de generalizar la enseñanza secundaria, técnica y profesional, implementando progresivamente su gratuidad. Al respecto, menester es efectuar dos aclaraciones importantes: - El Estado Federal está constituido, no sólo por el Poder Ejecutivo, sino también por el Congreso de la Nación. - Jerarquizar la carrera de Martillero Público, elevándola al nivel universitario, puede ser interpretado como una manera de generalizar la educación profesional. En relación a la educación universitaria, específicamente: a la luz de las consideraciones precedentes, podemos afirmar que, sin perjuicio de la autonomía y la autarquía de las universidades, “el Congreso está atribuido para sancionar las leyes de educación superior fijando las políticas necesarias o más convenientes para el sector”. Así como también el dictado de planes de instrucción general y universitaria (conf.: Art. 75, Inc. 18, C.N.). Para que quede más claro aún: “la finalidad de aquélla (se refiere a la autonomía universitaria) consiste en independizar y desvincular a las universidades de la injerencia del Poder Ejecutivo, pero quedan sujetas a la reglamentación del Poder Legislativo, dentro de los límites que la Constitución Nacional le impone al Congreso, y sometidas al eventual control jurisdiccional”. 
Otras atribuciones constitucionales del Congreso: A lo dicho precedentemente, debe añadirse lo siguiente: el Congreso de la Nación, al momento de legislar sobre otras materias, distintas de la educación, puede -sin embargo- establecer disposiciones que se refieran a algún que otro aspecto de la misma. En estos casos, el Congreso de la Nación ejerce atribuciones y cumple finalidades -en principio- ajenas a la educación. Sin embargo, el adecuado desenvolvimiento de tales funciones requiere necesariamente “entrometerse” con tópicos propios de la materia educacional. En efecto: ¿podría, acaso, el Congreso dedicarse a cumplir con su obligación constitucional de “proveer lo conducente” al “desarrollo “2015 ‐ Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” humano”, el “progreso económico con justicia social”, la “productividad de la economía nacional”, la “generación de empleo”, la “formación profesional de los trabajadores”, etc., sin abordar (con sus regulaciones) diversos aspectos de la educación primaria, secundaria y terciaria? Claramente, no. Tal faena resultaría imposible. En tal sentido, en el seno de la Convención Constituyente de 1.994, se ha sostenido lo siguiente: “... su autonomía (la universitaria, claro está) no niega su estrecha pertenencia al sistema educativo nacional, en tanto constituye la principal habilitación científica para el trabajo y la riqueza de la Nación”. La exigencia legal de ciertas titulaciones terciarias o universitarias: En virtud de las atribuciones constitucionales “ut supra” comentadas, así como en ejercicio de otras facultades regulatorias consagradas en nuestra Ley Fundamental, el H. Congreso de la Nación, en múltiples materias, ha dispuesto la posesión de determinados títulos terciarios o universitarios (con todo lo que ellos implican) como requisito para el ejercicio de determinadas funciones y/o actividades. Así, verbigracia, la Ley N° 19.551 (el viejo régimen de concursos y quiebras) prescribía que las sindicaturas debían estar a cargo de abogados o contadores públicos. En tanto que la Ley N° 24.522 y sus modificatorias (actual régimen de concursos y quiebras) establecen que los síndicos deben ser contadores públicos y dan preferencia a aquellos que hayan obtenido algún título de posgrado de especialización en sindicatura. En el caso específico de los Martilleros Públicos, cabe recordar que, en su versión originaria, la Ley N° 20.266 imponía, como requisito habilitante, la posesión del título secundario. Luego, con el dictado de la Ley N° 25.028, aquella norma pasó a exigir un título universitario, expedido o revalidado en nuestro país, sin aclarar nada respecto del nivel académico que el mismo debía ostentar. La necesidad y la conveniencia de asegurar el nivel universitario de grado, del título para ejercer como Martillero Público: a) Tal como ya hemos indicado precedentemente, la evolución legislativa ha ido jerarquizando la titulación exigida para habilitar el ejercicio de la profesión de marras. Tendencia, ésta, que, dicho sea de paso, desde hace un par de décadas a esta parte, se ha impuesto en nuestro país, como respuesta a las necesidades observadas en el tráfico de los negocios jurídicos y a las demandas planteadas por la sociedad. Desde luego, la aludida jerarquización, en la enorme mayoría de los casos, propició una mayor profesionalización de las actividades “2015 ‐ Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” beneficiadas por aquélla. En los casos en los que no se han podido verificar tan positivos efectos, el fracaso no se debió al objetivo político de jerarquizar la actividad involucrada mediante la elevación del nivel académico exigido para su ejercicio. Antes bien, dicha frustración obedeció a la adopción de metodologías erróneas, que no estaban a la altura del magno objetivo que supuestamente las inspiraba, cuando no conspiraban, lisa y llanamente, contra la realización del mismo. b) En estos diez años que lleva vigente la Ley N° 25.028, la frondosa experiencia acumulada ha llevado a muchos expertos a sugerir una nueva elevación del nivel académico exigido para el desempeño como Martillero Público. Mediante la mentada pieza normativa, el régimen legal correspondiente (actualmente vigente) ha establecido el carácter obligatorio del título universitario. Sin embargo, al imponer esta condición sin especificar el nivel académico que el mismo debía ostentar, en los ambientes universitarios (públicos y privados) se ha difundido la carrera respectiva, constreñida -en la mayoría de los casos- a la estructura de “licenciatura menor” o bien, de “tecnicatura”. No es necesario aclarar que tales “licenciaturas menores” y “tecnicaturas” presentan límites bastante estrechos, en el marco de la educación universitaria. Pero aún hay más: tales carreras, en principio, no permiten el acceso al nivel de posgrado, dedicado (en todo aquello que exceda al nivel de grado) al múltiple y -cada vez más- complejo “abanico” de especializaciones en que se bifurca la profesión de Martillero Público (así, por ejemplo, remates de obras de arte, haciendas, maquinarias agrícolas e industriales, realización judicial de bienes, etc.). En efecto, el área de incumbencia de estos profesionales es realmente basta, variada y sofisticada. Características, éstas, que, en el contexto actual, tienden a incrementarse. Este “cuadro de situación” exige Martilleros Públicos que cuenten con la debida formación general y también, en aquellos casos en que resulte efectivamente necesaria, con la/s correspondiente/s especialización/es. Por último, huelga aclarar que las consideraciones precedentemente volcadas se ven reforzadas a la luz de la enorme importancia económico-social que reviste las actividades desempeñadas por los profesionales de marras. Con anterioridad, había presentado en esta Cámara la presente iniciativa legislativa, pero por diversas circunstancias no pudo ser aprobada, de ahí que vuelva a insistir con ella. “2015 ‐ Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 
Es por todo ello que solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto. Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –